14 de diciembre: el día en el que la educación argentina volvió a ser un derecho

El 14 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN). Con ella puso fin a la Ley Federal de Educación (LFE) que dejó un sistema educativo, fragmentado, desfinanciado y con una profunda desigualdad social.

Además, esta ley dió un marco legal para el acceso de las personas con discapacidad al sistema escolar en la Argentina. De ese modo, el Estado argentino se adhería a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Con esta Ley, se garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades a través de la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. De esta manera, el objetivo del proyecto fue asegurar a través del Estado uno de los principales derechos, en una de las medidas que se tomaron tras la vuelta de la democracia en su fortalecimiento.

Incluso, en el artículo 3 de la normativa, se marcó la relevancia de su aprobación ya que se destacó que «la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación».

En tanto, en distintos artículos se indica el deber de las jurisdicciones. «Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario», se describió en uno de ellos.

Luego, en otro, se marcó que «el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias».


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