Se cumplen 23 años de la represión ordenada por el gobierno del entonces presidente Fernando De la Rúa, que terminó con 39 muertos y 500 heridos en todo el país.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país. Aquellos días, en medio de una crisis económica, social y política sin precedentes, miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento con un modelo de exclusión y desigualdad que había alcanzado un punto límite. Las manifestaciones espontáneas y masivas fueron reprimidas de manera violenta por las fuerzas de seguridad. El saldo fue 39 personas asesinadas y cientos de heridas, además de una huella que marcó la memoria colectiva del país y abrió un momento de politización, participación y debates cotidianos y asamblearios sobre el futuro común.

La dimensión de la represión de aquellos días no solo se midió en cifras, sino también en el impacto simbólico y político que tuvo sobre la sociedad argentina. Las imágenes de balas, gases lacrimógenos y personas golpeadas en plena Plaza de Mayo mostraron cómo el Estado optó por responder con violencia a las demandas de justicia y dignidad. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, evidenció la desconexión entre una clase política en crisis y una ciudadanía hastiada de promesas incumplidas y ajustes estructurales.

A pesar del paso de los años, la búsqueda de justicia por los crímenes del 19 y 20 de diciembre ha sido un camino lleno de obstáculos. Si bien hubo avances significativos, como la condena en 2016 a altos funcionarios responsables de dar la orden de represión, como Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad, y Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, las penas quedaron firmes recién en 2024. En ese juicio representamos a las familias de Gastón Riva y Diego Lamagna. Este proceso representó un hecho histórico al condenar no solo a ejecutores directos, sino también a quienes diseñaron y avalaron la estrategia represiva desde el ámbito político. Sin embargo, muchos otros responsables políticos y operativos, incluidos quienes integraban las cadenas de mando intermedias y provinciales y quienes participaron en los operativos de control y represión, nunca enfrentaron un reproche judicial. Fernando de la Rúa, presidente en ese momento y quien dispuso el estado de sitio, fue sobreseído.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 también dejó un legado de resistencia y organización popular. Las asambleas barriales, los cacerolazos y la construcción de nuevos espacios de participación ciudadana emergieron como respuestas creativas y transformadoras a la crisis. Este espíritu de lucha por una sociedad más justa y equitativa sigue vivo en muchas de las luchas actuales.