En un contexto de crisis social profunda, intendentes bonaerenses alzaron la voz contra el desfinanciamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA. Aseguran que los recursos se desvían a la «especulación financiera» mientras la inseguridad alimentaria golpea al 80% de los asalariados.

La tensión entre los municipios de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional escaló a un punto crítico. En una presentación dirigida al Ministerio de Capital Humano, los jefes comunales denunciaron una «retención indebida de fondos» y una «absoluta falta de sensibilidad social» por parte de la gestión libertaria, que afecta directamente la alimentación de más de 2.500.000 niños, niñas y adolescentes.

Los números del recorte: Menos comida, más «timba»

Desde el entorno del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, difundieron datos alarmantes elaborados por economistas de la Federación Argentina de Municipios (FAM). El informe detalla cómo el Gobierno Nacional ha ido recortando sistemáticamente su participación en el financiamiento de los programas SAE y MESA:

• 2024: El Estado Nacional envió solo el 66% de lo necesario ($70.500 millones de los $105.000 millones requeridos), reteniendo un 34%.
• 2025: La brecha se profundizó, girando apenas el 59% de los fondos y quedándose con el 41%.
• Proyección 2026: El presupuesto asignado es de solo $81.000 millones frente a una necesidad de $177.000 millones. Esto implica que el Gobierno central pretende apropiarse del 54% de las partidas necesarias para alimentar a los alumnos bonaerenses.

«El desinterés por ‘la panza’ de los chicos es evidente. Mientras se incumplen obligaciones básicas, se sobreactúa volcando recursos a la timba financiera para que unos pocos ganen fortunas», señalaron fuentes comunales.

Una crisis que se siente en las góndolas y en las aulas

La denuncia de los intendentes se apoya en una realidad asfixiante: una inflación acumulada cercana al 300% desde diciembre de 2023. Según relataron en reuniones preparatorias para una movilización, la situación en los hogares es desesperante: «Casi la mitad de las compras de comida se hacen con tarjeta de crédito para ‘pedalear’ el pago. Es terrible lo que pasa».

El panorama se agrava con los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que indican que solo el 16,5% de la población asalariada está libre de privaciones alimentarias. El resto enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, lo que convierte a la escuela en el último refugio para que millones de chicos accedan a un plato de comida diario.

El dispositivo alimentario más grande del país, en riesgo

La provincia de Buenos Aires, a través de sus 135 distritos, sostiene el sistema de asistencia alimentaria más vasto de la Argentina, que incluye desayuno, almuerzo, merienda y refuerzos para las familias. Ante lo que consideran una «vergüenza nunca vista», los intendentes advierten que el desfinanciamiento nacional pone en jaque la continuidad de este auxilio esencial en el peor momento económico de las últimas décadas.