La reciente aprobación en el Senado de la reforma al régimen de Zonas Frías representa un retroceso alarmante en materia de derechos energéticos y equidad social. Bajo la promesa de avanzar hacia un sistema «más justo» y generar un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos, la gestión actual optó por el camino más corto y doloroso: recortar un beneficio esencial para 3,35 millones de usuarios a nivel nacional y 1,24 millones de hogares bonaerenses.

Retrotraer el criterio climático al modelo de 2002 para excluir a estos 94 municipios de la provincia de Buenos Aires ignora una realidad ineludible: el gas no es un bien de lujo, es una necesidad vital para la salud y la dignidad de las familias. Al limitar el beneficio geográfico y cambiar la base de cálculo —restringiendo el subsidio únicamente al PIST—, incluso los usuarios de las pocas zonas que conservarán la asistencia verán aumentos cercanos al 25%. Para las regiones templadas que pierden el beneficio de forma automática, el impacto estimado de 15.000 pesos extra por mes será un golpe letal para la economía doméstica.

La justificación oficial de que los afectados pueden realizar un trámite para acreditar vulnerabilidad socioeconómica demuestra una preocupante desconexión con la realidad de los sectores medios y bajos. Imponer topes de ingresos estrictos en un país donde la pobreza del primer semestre alcanzó el 32,3% significa condenar a miles de hogares trabajadores a la disyuntiva de pagar la boleta o recortar en alimentos básicos. La burocratización del acceso a la energía solo funciona como una barrera de exclusión.

Gobernar es priorizar el bienestar de la población. Desmantelar una red de contención tarifaria en un contexto de alta inflación y precarización económica no es un logro macroeconómico, es una muestra de insensibilidad social. La energía debe ser considerada un derecho humano, y su acceso debe garantizarse con políticas públicas que protejan a los ciudadanos, no que los dejen a la intemperie.