El día 19 de noviembre se estableció a nivel internacional como un día de lucha que busca visibilizar una realidad que afecta cotidianamente a niños, niñas y adolescentes en el mundo entero.
Fue instituido a partir del año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF, por sus siglas en inglés), con estatus consultivo de las Naciones Unidas, para promover la lucha contra la pedofilia y la explotación de niños, niñas y adolescentes, ayudando a generar protección efectiva mediante la difusión y la adopción de acciones concretas y sistemáticas.
En la Argentina, los registros más recientes reflejan la magnitud y la persistencia de esta problemática: según datos difundidos en noviembre de 2026 sobre la Línea 137 del Ministerio de Justicia, en los últimos cinco años la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual asistidos aumentó un 91%. Asimismo, el informe estadístico de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondiente a 2025 registró 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados en situaciones de violencia doméstica —de los cuales el 9% sufrió abuso sexual— con una edad promedio de 9 años y un 61% de víctimas menores de 11 años. Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNYA) abordó en 2025 un total de 9.459 causas por abuso sexual infantil y adolescente.
A nivel estructural, las estimaciones de organizaciones especializadas indican que cerca de 2 millones de chicas y chicos en el país son víctimas de violencia sexual, aunque la gran mayoría de los casos nunca llega a una instancia de denuncia judicial. En todos los grupos etarios, las niñas y adolescentes mujeres continúan representando la amplia mayoría de las víctimas de violencia sexual, afectándolas en una proporción significativamente mayor que a los varones, quienes concentran la mayor cantidad de casos hacia la adolescencia (de 12 a 17 años).
En este día reforzamos la importancia del trabajo en materia de prevención y concientización acerca de una forma de violencia que debe ser difundida y abordada en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989):
Derecho a ser oído (art. 12)
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
En este sentido, resulta fundamental destacar el rol irremplazable de la Educación Sexual Integral (Ley 26.150) como una de las herramientas preventivas más eficaces con las que cuenta el Estado. La implementación efectiva de la ESI en las escuelas brinda a niñas, niños y adolescentes información acorde a cada etapa de su desarrollo para conocer y cuidar su propio cuerpo, identificar los límites de la intimidad, distinguir los vínculos afectivos saludables de las conductas abusivas y diferenciar los secretos que no deben guardarse. Asimismo, posiciona a la institución educativa como un espacio seguro de escucha activa y detección temprana, donde el acompañamiento docente permite romper el silencio y activar los protocolos de protección ante cualquier vulneración de derechos.
Las modalidades de abuso sexual se dan tanto en el contexto intra como extrafamiliar, y una situación similar acontece también en la explotación sexual, la pornografía infantil (material de abuso sexual infantil en línea) y el delito de grooming. Las consecuencias de estos delitos, como es sabido, perduran en el tiempo, afectando el desarrollo integral y las etapas futuras de la vida.
En la Argentina, a partir de la modificación del artículo 72 del Código Penal (Ley 27.455), el abuso sexual contra menores constituye un delito de instancia pública, lo que permite que el Estado investigue de oficio y sean cada vez más los casos que llegan a la Justicia. Este avance es fundamental considerando que entre el 70% y el 80% de los agresores pertenece al entorno intrafamiliar o es una persona de confianza del círculo cercano de la víctima (en los registros de la OVD, el 81% de las personas denunciadas tenía vínculo filial con los niños, niñas o adolescentes afectados).
Por tal razón, nos debemos comprometer a profundizar el trabajo mancomunado entre distintos organismos nacionales, provinciales, locales y de la sociedad civil, en la detección temprana de este tipo de situaciones y en efectivizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, recordando la disponibilidad permanente y gratuita de la Línea 137 y la Línea 102 para orientación, contención y denuncia.




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